Botando la democracia a la basura en Bogotá: el problema real detrás de la crisis con el alcalde

Foto: Pedro Felipe. (CC BY-SA 3.0)

El 27 de febrero el Concejo de Estado confirmó la orden del Procurador General para destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de su cargo. Todo este desastre político comenzó con un montón de basura, y una mirada a la política sucia detrás de la destitución de Petro demuestra el impacto que esto tiene para la democracia y la justicia social en Colombia.

Una pila de basura

Petro fue elegido alcalde de Bogotá en 2011, pero en diciembre de 2013 el Procurador General de Colombia Alejandro Ordóñez ordenó su destitución del cargo y lo Inhabilito por 15 años para asumir puestos públicos a causa de sus esfuerzos para recobrar el manejo de los residuos al sector público y avanzar hacia un servicio orientado a satisfacer necesidades ambientales y sociales.

En 2012 Petro no renovó los costosos contratos con compañías de aseo privadas e hizo que la municipalidad asumiera la recolección de la basura. Las irregularidades en la recolección de basura durante tres días en diciembre de 2012 fueron el argumento usado por Ordóñez para sustentar su dictamen de que el alcalde había causado una crisis ambiental, así como la supuesta violación del principio de libre competencia.

Sin embargo, el modelo de manejo de residuos impulsado por Petro es uno de los mejores en el mundo y es considerado como un modelo en todo el mundo.

Sin una gestión de residuos, nuestras resplandecientes ciudades modernas pronto se verán paralizadas.

Esta industria multimillonaria da sustento a dos grupos: a los más de 15 millones de recicladores informales en el mundo y a corporaciones que obtienen gigantescas ganancias de la privatización.

Los recicladores son los héroes desconocidos de nuestros tiempos. ONU-Hábitat estima que en la mayoría de las ciudades en desarrollo los recicladores recuperan entre el 50 y el 100% de los residuos. Sus impresionantes tasas de reciclaje hacen palidecer a los sofisticados sistemas del primer mundo. En 2008, sólo 7% de los municipios brasileños tenían programas formales de reciclaje; sin embargo, gracias a los recicladores informales, el 92% del aluminio y el 80% del cartón eran reciclados. En comparación, la tasa de reciclaje de 30% de Rotterdam se queda corta.

La “modernización” no es siempre una política buena

A pesar de sus contribuciones, los recicladores son casi de manera universal discriminados, y su crucial papel en la gestión de residuos es pasado por alto.

De Bogotá a El Cairo a Delhi, los gobiernos que buscan “modernizar” sus sistemas de gestión de residuos adoptan modelos de privatización de Europa y América del Norte, que hacen a un lado a los recicladores.

Pero la privatización de la gestión de residuos es una mala política por tres razones. Primero, porque lleva a una drástica reducción en las tasas de reciclaje. Por lo general, las compañías privadas carecen de incentivos para reciclar, ya que se les paga por la cantidad de toneladas de residuos dispuestas en los botaderos. Más aún, los objetivos de reciclaje son demasiado bajos: los recicladores en El Cairo retiran el 66% de los materiales reciclables del flujo de residuos; los contratos de privatización sólo requieren una tasa de reciclaje de 20%.

Segundo, la privatización aumenta la pobreza, ya que despoja a los recicladores de sus medios de sustento, una población que ya de por sí busca su sustento en las bolsas de basura y que carece de otras alternativas.

Tercero, la privatización incrementa dramáticamente los costos. En 2012, la Contraloría General en Colombia encontró que las cuatro compañías contratadas por Bogotá habían logrado ganancias de 23% producto del sobreprecio cargado a los residentes bogotanos.

El sistema de Petro trata de contrarrestar estos problemas de la privatización y es reconocido en todo el mundo. Centrado en nociones de basura cero, es bueno para el medio ambiente, reduce la pobreza y promueve la justicia económica mediante el pago a los recicladores informales por sus servicios ambientales. Los recicladores han desviado diariamente la cifra histórica de 600 toneladas de residuos del vertedero (actualmente casi duplican esta cifra), y le ahorran a Bogotá costos de transporte y espacio en el vertedero. Pero, históricamente no se les remuneraba; su único ingreso provenía de la venta de reciclables y tres cuartos de ellos ganaban menos del salario mínimo. Ahora, la ciudad les paga a los recicladores que se han registrado y que cuenta con una cuenta de banco el mismo precio por tonelada reciclada que le paga a las empresas privadas por enviar residuos al vertedero.

El nuevo sistema de aseo de Bogotá también es efectivo en términos de costos; desde que la empresa pública Aguas de Bogotá comenzó a proveer el 60% del servicio de aseo, los costos han bajado 37%.

Un sistema justo

Petro no ideó este innovador sistema solo. La transformación fue impulsada por los recicladores mediante su organización, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB).

La ARB obtuvo entre otras cosas, dos victorias significativas en la Corte Constitucional, que han sido una instancia fundamental en la lucha contra la exclusión de los recicladores del sistema privatizado de gestión de residuos. En 2003, la Corte Constitucional le ordenó a la ciudad que fortaleciera la capacidad de los recicladores para competir en futuras licitaciones. Sin embargo, la ciudad no acató la orden, así que en 2012 la corte bloqueó la nueva licitación del servicio de recolección barrido y limpieza de residuos –licitación de más de 1.7 miles de millones de dólares– y ordenó que la municipalidad le diera a los recicladores acceso exclusivo a los materiales reciclables, y que los remunerara por los servicios de recolección y transporte de los mismos.

Cuando Petro tomó posesión, aprovechó esto como oportunidad para restructurar el sistema de aseo y priorizar la sustentabilidad ambiental y la eficiencia en materia de costos, y terminar la privatización y promover un aprovechamiento total mediante un sistema de basura cero.

Es este esfuerzo por terminar con la privatización, lo que llevó a su posible destitución. Pero, ¿cuál fue la causa real de la crisis de las basuras que sucedió cuando la ciudad asumió la gestión de los residuos?

En una entrevista con El Espectador, Emilio Tapia, testigo clave en el escándalo de corrupción del carrusel que hizo caer al predecesor de Petro, reveló que la verdadera causa de la crisis fueron las compañías privadas del aseo.

Petro quería extender por seis meses los contratos con los proveedores de aseo a fin de fortalecer la capacidad estatal para proveer el servicio. De acuerdo a Tapia, estas compañías querían forzar a Petro a firmar contratos de larga duración. Por ello se rehusaron a las extensiones propuestas por Petro, ralentizaron la recolección de basura días antes de la entrada de la empresa municipal, y conspiraron para crear la crisis por la que se le responsabiliza a Petro.

La crisis de las basuras en Bogotá, por tanto, no es evidencia de la inherente incompetencia del estado en general, o de Petro. Al contrario, revela cómo los beneficiarios de la privatización han recurrido a acciones de política sucia para evitar que un gobierno elegido democráticamente ponga fin a un sistema que les traía enormes ganancias, pero que le costaba a los bogotanos una fortuna. Las municipalidades en otros países enfrentan intereses creados y retos similares para revertir la privatización.

El sistema de gestión de residuos de Petro no es perfecto. Los recicladores dicen que son muy pocos los que se benefician de los pagos y temen que nuevas propuestas los marginalicen. Pero se han unido a las miles de personas que están protestando por la destitución de Petro. Quieren que permanezca en el cargo para que puedan negociar un sistema público de gestión de residuos más justo, igualitario y ambientalmente sustentable. El sistema de residuos de Bogotá es un modelo para los municipios en el mundo, y como tal, debe ser protegido al igual que Petro y la democracia colombiana.